El dato de que gran parte de la educación privada recibe subvención estatal, y de que estas subvenciones cubren una mayor proporción en el caso de las escuelas privadas confesionales, plantea un problema central en relación con la responsabilidad del Estado en garantizar la educación pública.
Si bien las leyes de educación nacional y provincial ubican a las escuelas privadas dentro del sistema público y establecen regulaciones comunes tanto para las escuelas estatales como para las privadas, estas últimas cuentan en muchos casos con condiciones que se les retacean a las escuelas estatales (desde la infraestructura hasta la oferta de actividades extra-curriculares).
Entonces, un problema central de las subvenciones estatales a la educación privada tiene que ver con que el esfuerzo de financiamiento público sostiene un sistema compuesto por instituciones en condiciones desiguales. Esto es importante porque resulta injusto que el Estado financie escuelas privadas cuando aún no garantiza condiciones a las escuelas estatales existentes, ni ha logrado su plena cobertura.
Si bien esta es una desigualdad estructural del sistema educativo, existen excepciones, ya que hay escuelas privadas que han atendido a una población a la que el Estado no llegaba, en lugares sin escuelas o jardines estatales. Sin embargo, las subvenciones a estas escuelas no deben eximir al Estado de garantizar la cobertura con instituciones estatales, que deben contar con condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Un problema adicional, que cobra gran relevancia en el marco del duro ajuste sobre la educación, es la poca claridad en la distribución de las subvenciones. Esta falta de transparencia impide controlar una asignación de recursos que puede profundizar la desigualdad educativa, en un contexto de fuerte incremento de la desigualdad social.
SUSCRIBITE a esta promo especial